El gobierno de Nicaragua despojó este miércoles de la ciudadanía a 94 disidentes, según una resolución leída por un juez.
La decisión se produjo después de que el gobierno liberara y deportara a más de 200 presos políticos a Estados Unidos la semana pasada en una liberación sorpresiva de prisioneros.
La mayoría de los presos liberados eran destacados críticos del gobierno que sufrieron persecución durante la represión del presidente Daniel Ortega contra la disidencia en los últimos años. También fueron despojados de su ciudadanía.
El jefe de la corte de apelaciones de Managua, Ernesto Rodríguez Mejía, leyó la resolución del miércoles y dijo que los 94 disidentes exiliados eran «prófugos de la justicia».
“Los imputados han realizado y continúan realizando actos delictivos en perjuicio de la paz, la soberanía, la independencia y la autodeterminación del pueblo nicaragüense”, dijo, y agregó que habían fomentado el sabotaje económico del gobierno de Ortega al pedir un boicot
“Por estos hechos, los imputados ya no pueden ser considerados ciudadanos nicaragüenses”, agregó el juez.
¿A quién afecta la decisión?
La acción afecta en gran medida a algunos nicaragüenses exiliados, pero también a algunos que aún residen en el país centroamericano.
Sergio Ramírez, conocido como el autor vivo más glorificado del país que una vez fue vicepresidente de Ortega, se encuentra entre los disidentes.
El gobierno también despojó de la nacionalidad a la destacada activista de derechos humanos Vilma Núñez, al periodista Carlos Fernando Chamorro y al obispo católico Silvio Báez.
«Soy nicaragüense por la gracia de Dios… si creen que me van a poner de rodillas, se enredan. ¡Viva Nicaragua!». Álvaro Navarro, un periodista despojado de su nacionalidad, dijo en un tuit.
Desde que estallaron protestas callejeras masivas contra el gobierno de Ortega en 2018, el presidente ha utilizado escuadrones paramilitares fuertemente armados para frustrar la disidencia y encarcelar a todas las principales figuras de la oposición.
La oficina centroamericana del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó «alarma» por la decisión.
“Condenamos en los términos más enérgicos la nueva ola de violaciones de [human rights] y hacer un llamado al estado para que cese de inmediato la persecución y las represalias” contra los disidentes y los defensores de los derechos humanos, dijo la oficina en un comunicado en Twitter.
dvv/fb (AFP, Reuters)
