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Despliegue de la Guardia Nacional en Washington DC y expulsión de indigentes, ordenado por Trump

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dado un paso decisivo al ordenar el despliegue de la Guardia Nacional en la capital del país y poner bajo control federal la policía de Washington D.C. Estas acciones se enmarcan dentro de un esfuerzo por reducir la criminalidad y lo que él ha calificado de “desorden” en las calles de la ciudad. En un anuncio realizado el lunes, Trump aseguró que tomará “medidas drásticas” para enfrentar lo que considera una de las ciudades más peligrosas de Estados Unidos, apuntando especialmente a la creciente presencia de personas sin hogar en la vía pública.

El jefe de estado defendió su decisión al afirmar que la ciudad enfrenta un nivel descontrolado de criminalidad, señalando en particular crímenes como robos, balaceras y asesinatos. Según el líder, Washington D.C. tiene una cantidad de homicidios mayor que algunos de los «peores lugares del mundo», a pesar de las estadísticas que indican una disminución de los delitos violentos en la capital. Los datos de la policía local muestran un descenso del 26% en los crímenes violentos y una disminución del 12% en los asesinatos, lo cual contrasta con las afirmaciones del líder.

Supervisión federal en las fuerzas policiales y las iniciativas de seguridad pública

Dentro de las acciones anunciadas, Trump destacó que el gobierno federal asumirá el control del Departamento de Policía Metropolitana de Washington D.C. bajo la dirección de la fiscal general Pam Bondi. Además, se desplegarán más agentes de policía, del FBI y otras fuerzas federales para tomar control de las calles y “eliminar las bandas criminales”. Trump también mencionó la intención de expulsar a las personas sin hogar de los espacios públicos, implementando lo que describió como una “limpieza” de los “barrios marginales” de la ciudad.


Entiendo que no sea del todo aceptable, pero procederemos a erradicar las áreas desfavorecidas donde residen. No permitiremos que la ciudad continúe siendo un sitio donde los infractores y las personas sin hogar sean un peso sobre nuestros ciudadanos”, expresó el presidente. Estas palabras han provocado una respuesta contundente, especialmente de parte de la alcaldesa de Washington D.C., Muriel Bowser, quien respaldó los esfuerzos locales para disminuir la delincuencia y reprobó la postura de Trump, calificando sus comentarios de incorrectos.


El estado de las personas sin hogar en Washington D.C.

Según la organización Community Partnership, que trabaja con personas sin hogar en la ciudad, hay aproximadamente 3.782 personas sin hogar en Washington D.C., de las cuales unas 800 viven en la calle. En los últimos años, la ciudad ha implementado diversas iniciativas para reducir esta cifra, pero la falta de vivienda sigue siendo un problema persistente. A pesar de las críticas a la administración de Bowser, los datos oficiales de la ciudad han mostrado avances en la disminución de los delitos violentos, con una reducción significativa de robos y agresiones.

El enfoque de Trump, sin embargo, no ha sido bien recibido por muchos defensores de los derechos humanos y organizaciones que abogan por las personas sin hogar. Al tratar de “limpiar” las calles, los críticos señalan que el presidente está criminalizando la pobreza y las condiciones de vida difíciles, sin abordar las causas subyacentes de la falta de vivienda o la violencia.

Conflictos políticos y la legislación sobre la autoridad presidencial

La acción de Trump tiene un fuerte componente político, dado que Washington D.C. no tiene la misma representación que los estados, lo que permite al presidente tomar decisiones federales de control en la ciudad. A través de la Ley de Autonomía de 1973, el presidente tiene la capacidad de intervenir en la administración policial de la ciudad en situaciones de “emergencia”. Sin embargo, cualquier medida que dure más de 48 horas debe ser notificada al Congreso y no puede prolongarse más allá de 30 días sin su aprobación.

Este es un punto delicado en la relación entre la administración federal y el gobierno local, ya que Bowser ha insistido en que la policía de Washington D.C. tiene la capacidad de manejar la situación sin intervención federal. La disputa sobre el control de la policía metropolitana refleja una creciente división entre los gobiernos locales y la Casa Blanca, especialmente bajo la administración Trump.

Una perspectiva controvertida y sus consecuencias

El despliegue de la Guardia Nacional y el control federal sobre la policía de la ciudad marcan un giro significativo en las políticas de seguridad pública, que contrastan con las políticas implementadas por gobiernos locales y estatales en otras partes del país. Aunque la criminalidad sigue siendo una preocupación legítima en muchas ciudades, el enfoque de Trump de aumentar la presencia militar y federal en las calles podría generar más tensiones con las autoridades locales y con las comunidades afectadas.

Los detractores del mandatario han subrayado la paradoja de su sugerencia de emplear a las fuerzas armadas en la ciudad, considerando la polémica por la inacción de su gobierno durante los disturbios del 6 de enero de 2021, cuando sus partidarios asaltaron el Capitolio. Esta inconsistencia ha intensificado la discusión sobre el uso correcto de la fuerza federal y cómo la administración enfrenta las tensiones políticas y sociales en el país.

Finalmente, la acción tomada por Trump al involucrarse directamente en Washington D.C. constituye un caso complicado de interacción entre el gobierno federal y la independencia local, planteando preguntas sobre el balance entre la protección pública, las libertades civiles y el cuidado de los individuos más vulnerables en la comunidad.

Por Lourdes Solórzano Hinojosa