Claudia Sheinbaum llegó a la Presidencia de México con una percepción inicial de victoria para la sensatez y el enfoque técnico frente al activismo y la política ruidosa. Pero debajo de esa apariencia moderada y técnica, ha surgido una tendencia inquietante: el aumento de la militarización del poder efectivo en la nación. A pesar de que la presidenta es civil, la influencia y el control ejercido por las Fuerzas Armadas, en particular por la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, se han expandido significativamente en áreas clave que superan el ámbito de la seguridad, como la infraestructura, la supervisión e incluso en aspectos económicos.
Uno de los hitos más significativos en este proceso fue la integración de la Guardia Nacional bajo el mando directo del Ejército. Por primera vez en la historia reciente, la seguridad pública quedó constitucionalmente bajo responsabilidad militar. Esta decisión marca una ruptura con etapas anteriores, cuando la presencia militar en seguridad pública se justificaba como temporal y con el compromiso eventual de regresar el control a autoridades civiles. Hoy, esa temporalidad parece difusa, con un marco legal que otorga a las Fuerzas Armadas el control permanente sobre estas funciones.
Este cambio legislativo, impulsado por gobiernos de izquierda, representa una contradicción política e ideológica que ha entregado poder, responsabilidades y recursos presupuestales a las Fuerzas Armadas, mucho más allá de sus atribuciones tradicionales. Este fenómeno, lejos de ser una medida coyuntural para enfrentar al crimen organizado, ha consolidado una cesión gradual pero profunda del poder civil.
A diferencia de varios países donde el Ejército tiene el poder abiertamente, en México se ha implementado un sistema híbrido y poco transparente. A pesar de que la Presidencia está en manos civiles, las decisiones importantes relacionadas con seguridad, infraestructura estratégica como aeropuertos, trenes y puertos, así como la gestión de aduanas y empresas del Estado, están bajo control directo o indirecto de las fuerzas militares. Asimismo, la reciente legislación autoriza a estas entidades el acceso a datos sensibles de los ciudadanos, construyendo un Estado de vigilancia que se presenta como civil.
Esta expansión del poder militar no solo implica la entrega de funciones tradicionalmente civiles a las Fuerzas Armadas, sino también la erosión del control democrático. La falta de rendición de cuentas ante el Congreso, tribunales o ciudadanos, junto con la opacidad en el manejo presupuestal, debilita los contrapesos fundamentales para una democracia sólida. La subordinación de la Guardia Nacional a la Defensa, el respaldo a consejos de inteligencia sin supervisión civil y la ausencia de transparencia presupuestal son claros indicadores de esta realidad.
Este proceso no solo tiene repercusiones en la seguridad pública. Representa una transformación profunda del modelo de poder en México: un país donde el Ejército construye, administra, vigila, investiga y recauda sin estar sometido a controles civiles efectivos. La civilidad se ha convertido en una fachada que oculta un creciente dominio castrense en la vida pública.
A diferencia de los golpes de Estado o de demostraciones militares, esta toma del control estatal ocurre de forma silenciosa desde el interior, mediante acuerdos, acceso a información y monitoreo. Tanto la sociedad como las instituciones civiles aún se enfrentan al reto de restaurar el dominio efectivo sobre el ejército antes de que esta militarización inalterable restrinja la capacidad democrática.
Aunque México todavía no ha alcanzado los modelos de dominio militar total, como se ha visto en ciertos países, la tendencia reciente acerca al país a unos sistemas híbridos que integran la democracia electoral con la supervisión militar disfrazada, comparable a lo que sucede en Turquía, El Salvador o Marruecos. En estas situaciones, la supervisión del Estado se torna invasiva y los equilibrios democráticos se deterioran gradualmente.
Si esta ruta continúa sin freno, México podría enfrentar en un futuro cercano una democracia despojada de sustancia, donde la figura presidencial sea solo un rostro visible de un Estado dominado por una élite militar. Este escenario plantea la urgencia de debatir y reconfigurar el equilibrio entre poder civil y militar para preservar la democracia y el Estado de derecho en el país.
