Los inspectores de Hacienda piden que la Agencia Tributaria no sea moneda de cambio en la investidura | Economía

Los inspectores de Hacienda del Estado piden que la Agencia Tributaria no se use en la negociación para conseguir el apoyo de los partidos independentistas catalanes a la investidura de Pedro Sánchez. La asociación que reúne al gremio alerta de que un fraccionamiento de la institución, con la hipotética creación de un organismo separado para Cataluña, causaría “efectos devastadores” en el desarrollo de la actividad gestora e inspectora. “Ya en 2005 se habló de la creación de una agencia catalana y ese objetivo por parte de los políticos catalanes siempre ha estado ahí. Ahora hay un riesgo de que sea una moneda de cambio” para que se reedite la coalición de Gobierno, han alertado.

Cada comunidad cuenta con una agencia tributaria autonómica encargada de gestionar los impuestos propios y los cedidos, pero no tiene competencia sobre los estatales. “La línea roja sería fraccionar las declaraciones de la renta. El sistema se quebraría por completo”, afirman fuentes del cuerpo superior de funcionarios. Una segunda línea roja, señalan, sería trocear el sistema de información único —”ya tenemos la experiencia negativa de las comunidades forales”—, y una tercera la pérdida del control de las actividades económicas: “Sobre todo, en los fraudes de carácter organizado sería un problema”.

La creación de un organismo para Cataluña podría también causar reclamaciones por parte de los demás territorios, más allá de los sistemas forales de Navarra y País Vasco que ya tienen sus regímenes jurídicos distintos. “Un sector político determinado demanda la creación de una Administración Tributaria independiente para una región concreta, y una denominada cuota de solidaridad. Desde IHE advertimos que el fraccionamiento de la AEAT [Agencia Tributaria] supondría un paso atrás de gigante en su función principal de aplicar el sistema tributario”.

La asociación de inspectores, reunida estos días en Burgos con ocasión de su XXXIII congreso, ha identificado otros dos peligros además del fraccionamiento de la Agencia: los cambios previstos en los sistemas de selección de los funcionarios y la ausencia de cambios organizativos en muchos ámbitos. El gremio ha denunciado la falta de independencia en materia económica y recursos humanos, criticando en particular la elaboración de listas de interinos en la última convocatoria de empleo para acceder al cuerpo, situación que ha recurrido.

El cuerpo superior de funcionarios señala que los tres peligros mencionados anteriormente se habrían evitado con la aprobación de un estatuto para la Agencia Tributaria, que lleva más de 20 años pendiente. “Es la única medida que puede garantizar la independencia de la AEAT en el cumplimiento de la principal función que tiene encomendada: la aplicación del sistema tributario”. Los inspectores defienden que este estatuto blinde una gestión propia del presupuesto del organismo y de las plantillas, y que en él también se regulen las líneas generales del plan de control. “Este organismo dispondría de un instrumento que podría garantizar su independencia frente a cualquier tipo de injerencia de carácter político”.

Una de las últimas noticias al respecto tiene que ver con las inspecciones a políticos y periodistas supuestamente señalados por el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, desveladas por el diario Abc. “Es un asunto que compete oficialmente a compañeros y el colectivo de los inspectores presumimos que actúan por los intereses generales”, han zanjado fuentes de la asociación.

Se reduce la litigiosidad

La jornada de este viernes ha sido clausurada por el secretario de Estado de Hacienda y exdirector de la Agencia Tributaria, Jesús Gascón, quien ha subrayado que las bases imponibles llevan siete años creciendo más que el PIB nominal. La razón, ha explicado, está en la mejora del cumplimiento voluntario por parte del contribuyente y el impacto de las regularizaciones, que mejoran el cumplimiento futuro no solo del inspeccionado, sino de su entorno. “Además, el pago con tarjeta duplica el que había antes de la pandemia, dobla el importe que se retira de los cajeros”, ha señalado en referencia a la reducción de la economía sumergida, uno de los motivos alegados por Hacienda para explicar parte del espectacular repunte de los ingresos tributarios en los últimos años.

“También es muy relevante la evolución de litigiosidad”, ha señalado Gascón. Solo el 2% de los actos administrativos son recurridos., lo que supone que la “tasa de conflictividad es baja”. La deuda suspendida por recursos de reclamación, por otra parte, alcanza los 12.000 millones, pero las reclamaciones pendientes se han reducido a la mitad: de las 300.000 de hace unos años a las 150.000 que hay ahora.

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