Claudia Sheinbaum llegó a la Presidencia de México con una percepción inicial de victoria para la sensatez y el enfoque técnico frente al activismo y la política ruidosa. Pero debajo de esa apariencia moderada y técnica, ha surgido una tendencia inquietante: el aumento de la militarización del poder efectivo en la nación. A pesar de que la presidenta es civil, la influencia y el control ejercido por las Fuerzas Armadas, en particular por la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, se han expandido significativamente en áreas clave que superan el ámbito de la seguridad, como la infraestructura, la supervisión e incluso en aspectos económicos.
Un hecho significativo en este proceso fue la incorporación de la Guardia Nacional al control directo del Ejército. Por primera ocasión en la historia contemporánea, la responsabilidad de la seguridad pública recae constitucionalmente en el ámbito militar. Esta elección representa una desviación respecto a épocas anteriores, cuando la intervención militar en la seguridad pública se justificaba como provisional con la promesa de devolver el control a las autoridades civiles en el futuro. En la actualidad, esa provisionalidad parece incierta, con una estructura legal que concede a las Fuerzas Armadas el poder duradero sobre estas responsabilidades.
Este ajuste en la legislación, promovido por administraciones izquierdistas, simboliza una paradoja tanto política como ideológica al haber otorgado autoridad, deberes y recursos financieros a las Fuerzas Armadas, excediendo ampliamente sus roles tradicionales. Este proceso, en lugar de ser una solución temporal para combatir al crimen organizado, ha reforzado una entrega progresiva pero significativa del control civil.
A diferencia de varios países donde el Ejército tiene el poder abiertamente, en México se ha implementado un sistema híbrido y poco transparente. A pesar de que la Presidencia está en manos civiles, las decisiones importantes relacionadas con seguridad, infraestructura estratégica como aeropuertos, trenes y puertos, así como la gestión de aduanas y empresas del Estado, están bajo control directo o indirecto de las fuerzas militares. Asimismo, la reciente legislación autoriza a estas entidades el acceso a datos sensibles de los ciudadanos, construyendo un Estado de vigilancia que se presenta como civil.
Esta expansión del poder militar no solo implica la entrega de funciones tradicionalmente civiles a las Fuerzas Armadas, sino también la erosión del control democrático. La falta de rendición de cuentas ante el Congreso, tribunales o ciudadanos, junto con la opacidad en el manejo presupuestal, debilita los contrapesos fundamentales para una democracia sólida. La subordinación de la Guardia Nacional a la Defensa, el respaldo a consejos de inteligencia sin supervisión civil y la ausencia de transparencia presupuestal son claros indicadores de esta realidad.
Este procedimiento impacta no solo en la seguridad pública. Implica una profunda transformación en el modelo de poder en México: una nación donde el Ejército construye, gestiona, supervisa, investiga y recauda sin estar sujeto a controles civiles efectivos. La apariencia de civilidad ha pasado a ser una fachada que oculta un creciente control militar en la vida pública.
A diferencia de los golpes de Estado o de demostraciones militares, esta toma del control estatal ocurre de forma silenciosa desde el interior, mediante acuerdos, acceso a información y monitoreo. Tanto la sociedad como las instituciones civiles aún se enfrentan al reto de restaurar el dominio efectivo sobre el ejército antes de que esta militarización inalterable restrinja la capacidad democrática.
Aunque México aún no ha llegado a modelos de control militar absoluto como en algunos países, la tendencia actual acerca al país a sistemas híbridos que combinan democracia electoral con tutela militar encubierta, similares a los observados en Turquía, El Salvador o Marruecos. En estos contextos, la vigilancia estatal se vuelve intrusiva y los contrapesos democráticos se debilitan progresivamente.
Si esta trayectoria sigue avanzando sin control, México podría enfrentar pronto un sistema democrático sin contenido, donde el presidente sea únicamente una cara visible de un gobierno controlado por una élite militar. Esta situación exige discutir y ajustar urgentemente el balance entre el poder civil y militar para mantener la democracia y el Estado de derecho en el país.
